Juanita Goebertus: “El Acuerdo de Paz en Colombia puede estar muriendo de inanición”

El camino hacia la paz en Colombia afronta un momento crítico dos años después de la firma del acuerdo con la guerrilla de las FARC. La hoy diputada Juanita Goebertus, miembro de la delegación negociadora que el Gobierno envió a Cuba, alerta de la importancia de “llegar a los territorios más afectados por el conflicto” para que el Acuerdo de Paz siga vivo.

Colombia inició en septiembre de 2016 un nuevo capítulo en su historia. En esa fecha el Gobierno del país sudamericano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la más longeva del continente, firmaron la paz en La Habana, cerrando así un conflicto armado que durante décadas pareció irresoluble.

El Acuerdo de Paz recibió su primer bofetón apenas un mes después, cuando los colombianos rechazaron en referéndum el histórico documento. Finalmente, el Ejecutivo de Juan Manuel Santos sacó adelante un acuerdo renovado y pactado con la oposición, pocos días después de recibir el Nobel de la Paz como principal impulsor de la negociación con la guerrilla. Pero los obstáculos para una paz verdadera en Colombia no se quedaron ahí.

Las elecciones del año pasado auparon a la presidencia del Gobierno a Iván Duque, del Centro Democrático, el principal partido opositor a los diálogos con las FARC. Mientras tanto, el asesinato de líderes sociales -más de 200 en los dos últimos años- en las zonas donde el conflicto sigue latente y el crecimiento de las disidencias entre ex guerrilleros desmovilizados señalan la fragilidad de un proceso que despertó la esperanza en un país golpeado una y otra vez por la violencia. A ello se añade la amenaza del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el principal grupo guerrillero todavía activo en el país, autor del atentado que acabó con la vida de 21 personas la semana pasada.

“Sin duda creo que el Acuerdo está en riesgo”. En un hueco entre sesión y sesión del Congreso, Juanita Goebertus (Bogotá, D.C., 1983) explica en esta entrevista realizada en diciembre pasado por qué la paz en Colombia puede acabar descarrilando. Goebertus, diputada por la coalición centrista Alianza Verde, formó parte del reducido equipo negociador que Santos envió a La Habana para hablar con las FARC. Experta en justicia transicional, esta parlamentaria de discurso fluido y sonrisa fácil se muestra hoy muy crítica con el Gobierno de Duque. Y apunta a la urgencia de llegar con recursos suficientes a los territorios donde la paz sigue siendo todavía una ilusión.

¿Cuál es la situación del Acuerdo de Paz algo más de dos años después de su firma? 

Es indiscutible que la firma de La Habana ha traído beneficios directos para el país. Tenemos la tasa más baja de homicidios de los últimos 25 años. 13.000 ex combatientes de las FARC hicieron tránsito a la legalidad y entregaron 9.000 armas a Naciones Unidas. Se han reducido un 79% al año las víctimas por desplazamiento forzado.

Pero en la práctica hay retos inmensos, porque si las cosas no empiezan a cambiar en el territorio es muy posible que resurjan nuevas violencias. Ya que la estructura del Acuerdo era no solo el silenciamiento de los fusiles, sino poder hacer frente a esas condiciones que permitieron que el conflicto se perpetuase durante tantos años. No fue un capricho incluir un capítulo de desarrollo rural, de participación ciudadana y apertura de la democracia, u otro sobre satisfacción de los derechos de las víctimas.

Y lo que uno ve en este momento es muchísimas dificultades en el programa de reincorporación [de ex guerrilleros de las FARC]. Solo el 1% de los 13.000 ex combatientes están vinculados a programas de reincorporación socioeconómica. Además las declaraciones del Gobierno se han concentrado en las bases de la guerrilla, dejando por fuera a los mandos medios, que son los que tienen capacidad real de reestructurar las disidencias en un nuevo grupo armado.

En temas de desarrollo rural, 190.000 personas participaron en la elaboración de planes de desarrollo de salud, educación, infraestructuras y temas agrícolas en las zonas más afectadas por el conflicto. Y sin embargo esas promesas todavía no se han ejecutado en el territorio. Con el agravante de que las dos entidades más relacionadas con este punto del Acuerdo sufrieron una reducción de más del 40% en el presupuesto para 2019.

Y por supuesto la cuestión de las víctimas preocupa. Hay un universo de 8 millones de víctimas registradas y sólo se ha avanzado en la indemnización del 12% de ellas, con muchísimas dificultades.

¿Se podría decir entonces que el Acuerdo de Paz está en riesgo bajo el gobierno de Iván Duque? ¿O la estructura institucional ya creada va a permitir seguir avanzando?

Sin duda creo que el Acuerdo está en riesgo. Porque su sostenibilidad depende de que transformemos los territorios más afectados por el conflicto. Por más que abandonen las armas 13.000 personas, si nada cambia sobre el terreno, el riesgo es altísimo.

Creo que una vez elegido, Duque ha querido venderse, al menos internacionalmente, como protector de los acuerdos. Ha asumido una serie de compromisos internacionales con la cooperación extranjera y tiene incluso una parte de su gabinete que votó por el Sí [en el referéndum] y que creo que está tratando de sacarlos adelante. Pero desafortunadamente tiene otra parte de su equipo que quisiera “hacerlo trizas” y cumplir la promesa del sector más radical de su partido durante la campaña.

Y creo además que en la ejecución final está ganando la visión de no implementarlos. Por la no llegada del Estado, el déficit presupuestal y porque no he ha puesto como prioridad al más alto nivel… el Acuerdo de Paz puede estar muriendo por inanición en los territorios.

Da la sensación de que existe en el Gobierno Duque un doble discurso a nivel interno y a nivel internacional. ¿Es realmente así? ¿Y qué puede hacer la comunidad internacional para presionar a favor de la paz?

Yo diría que ese doble discurso es cierto en la lógica nacional e internacional, pero también dentro del mismo gobierno. Hay sectores que hablan de consolidar los acuerdos y construir la paz; y hay sectores que siguen pegados de una lógica de ajuste de cuentas y de atribuirle a los anteriores gobiernos todas las culpas, sin asumir qué van a hacer ellos.

La comunidad internacional creo que debe seguir haciendo lo mismo que hasta ahora: condicionar la cooperación internacional a que Colombia sí siga adelante con la implementación del Acuerdo. 

¿Cómo es posible que tras la firma de La Habana la violencia contra los líderes sociales, con más de 200 muertos en dos años, no haya dejado de crecer? ¿Quién está matando a estas personas?

Creo que hay una dinámica en la que estamos repitiendo errores del pasado y es no llegar con toda la capacidad del Estado de Derecho a los territorios antes controlados por las FARC.

El incremento de homicidios se explica a partir de las zonas más afectadas por el conflicto, en donde la capacidad del Estado de prestar seguridad y administrar justicia no ha llegado con la rapidez que debería.

Los mejores estudios sobre los asesinatos de líderes sociales coinciden en que este es un fenómeno multi-causal. Ocurren en territorios donde se combinan factores asociados a economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, con otros vinculados a nuevos liderazgos, control territorial, disputas entre organizaciones, etc.

La diputada Juanita Goebertus frente al edificio del Congreso y el Senado de Colombia, en Bogotá. Foto: Pablo Jiménez.

¿El Estado no ha llegado porque no hay recursos o puede haber una connivencia a la hora de permitir estos niveles de violencia?

Ante todo no ha habido una priorización de entender que había que llegar a esos territorios con capacidad para administrar justicia y seguridad ciudadana básica.

¿Se está cumpliendo con el principio de reparación y justicia hacia las víctimas que se acordó en La Habana?

Este Acuerdo es el primero del mundo en donde dos partes en una mesa de diálogo deciden que lo sucedido es tan grave que es necesario crear un mecanismo de administración de justicia para que los que hayan cometido delitos rindan cuentas. Y de ahí surge la creación de un sistema integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, con varios organismos asociados.

Creo que sin duda es temprano para juzgar los resultados del sistema. La puesta en funcionamiento de ese aparato burocrático toma tiempo y es complicada. Creo que tenemos que darle tiempo a estas entidades para que den resultados. Dicho eso, creo que hay avances positivos.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) [uno de los entes creados dentro de este sistema] inició un proceso en donde justamente dos de los casos priorizados son un caso de secuestro con fines políticos por parte de las FARC; y un caso de falsos positivos por parte de agentes del Estado. Y en ambos la JEP ha llamado a las partes a que se presenten y rindan cuentas, un poco tratando de que distintos sectores de víctimas del país se puedan ver reflejados en las tareas de este organismo.

El plebiscito y los comicios del año pasado evidenciaron la división y polarización de la sociedad colombiana. ¿Es posible avanzar hacia la paz en este marco?

Creo que es un trabajo diario de cada uno, de todos los funcionarios públicos en las distintas ramas del poder, pero hasta cierto punto de todos los ciudadanos colombianos.

La construcción de la paz, y esto ha sido probado en otros procesos en el mundo, depende de integrar a todos los sectores políticos y ciudadanos. Aquellos procesos fragmentados, con sectores que no se ven reflejados en los acuerdos, son los más propensos a fracasar.

Nosotros por ejemplo hemos desarrollado un programa desde la comisión de paz del Congreso, que se llama ‘Del Capitolio al territorio’, que busca llevar a sectores políticos que se opusieron al Acuerdo a los territorios más afectados por el conflicto, a los espacios de reincorporación de excombatientes, a hablar con las comunidades y las víctimas… tratando de ver conjuntamente cuáles son los retos a nivel territorial.

Yo creo que, más allá de visiones ideológicas, avanzamos en despolarizar si ayudamos a construir una base fáctica de conversación común. Y eso pasa por tratar de tender esos puentes.

¿Cuál fue el momento más crítico de las conversaciones de La Habana y cómo se superó?

Durante la fase exploratoria en la que se construyó la agenda, entre febrero y agosto de 2012, uno de los puntos más difíciles era que las FARC aceptara por primera vez la dejación de las armas. Históricamente se habían opuesto a este tema, buscando tener las armas como su garantía a lo largo del proceso y sin hacer un tránsito definitivo a la legalidad.

En ese momento las FARC nos dice: “nosotros vamos a ser como una guara, un animalito similar a una capibara, y vamos a estar en un arbusto. Y ustedes van a ser el gobierno y van a ir al valle para construir todo lo que hay que hacer en desarrollo rural, participación ciudadana, substitución de cultivos… Y cuando todo eso esté listo, vamos a salir de los arbustos y ahí sí dejamos las armas”.

En ese momento desde el Gobierno se les dijo que este proceso se rompe si la ‘teoría de la guara’ se aplica. La única manera de que esto funcione es si vamos al mismo tiempo.  Y esto se resolvió teniendo muy claro un objetivo: si no era para desarmarse, este proceso no tenía ninguna chance de éxito.

Quizás otro momento muy duro fue el tema de víctimas. Todos los demás puntos de la agenda nos tomaron seis meses, pero cuando llegamos al punto de víctimas llevábamos más de un año y no lográbamos cerrar el acuerdo, que finalmente tomó año y medio.

Desde el Gobierno se dijo a la guerrilla que durante el proceso las cosas habían cambiado a nivel nacional e internacional en cuanto a la obligación de investigar, juzgar y sancionar, por lo menos a los máximos responsables de los crímenes más graves. Y para las FARC el punto de partida era no pactar nada que implicara cárcel. No estaban dispuestos a dejar la lucha armada para ir a prisión.

Entonces se trató de buscar una fórmula alternativa, que terminó siendo la creación de un tribunal especial que juzga a todas las partes implicadas en el conflicto y que privilegia e incentiva el reconocimiento de responsabilidad, reduciendo las penas en este último caso. De ahí la importancia de la creatividad como una manera de resolver esas tensiones y de buscar puntos de encuentro entre quienes piensan diferente.

Fue un momento muy difícil, que se resolvió tratando de entender que teníamos que sancionar, pero también que para el país era importante que las FARC hiciesen el tránsito a la legalidad y lograr su fin como grupo armado.

¿De qué puede servir la experiencia de Colombia para procesos transicionales similares en otros lugares del mundo?

Entre las cuestiones positivas creo que hubo muchas lecciones de diseño del proceso que fueron importantes. Por ejemplo antes de iniciarlo nos dimos a la tarea de fijar las reglas del juego: que éste iba a ser fuera de Colombia, que no íbamos a hacer un cese bilateral durante el proceso, sino que íbamos a avanzar en acuerdos sustantivos para evitar que, como ya había ocurrido en el pasado, las partes buscaran fortalecerse durante la negociación. El principio básico era: ‘Peleamos la guerra como si no hubiera negociación. Y negociamos como si no hubiera guerra’.

También poner en marcha mecanismos de construcción de confianza para que la población empezara poco a poco a creer en el proceso. Como la decisión de las FARC de no secuestrar al inicio de la negociación o la del Gobierno de liberar a personas en prisión y en muy malas condiciones de salud. O el proceso de participación ciudadana, que contó con 68.000 propuestas enviadas a través de distintos medios, y que sirvieron para nutrir las propuestas y la construcción del acuerdo en La Habana.

Desde el lado negativo, el principal aprendizaje es que, con la misma intensidad que avanzamos en la negociación, debimos haber avanzado en la pedagogía en Colombia. Creo que el resultado del plebiscito se explica porque la campaña del No se inicia en 2012, cuando se publica el acuerdo general que contenía la agenda. Y los puntos con los que la oposición martilleó durante cuatro años fueron siempre los mismos.

En cambio la campaña a favor del Acuerdo comenzó poco menos de un año antes de la votación del plebiscito. Más que una campaña fue explicar día a día qué se estaba haciendo y por qué era tan importante. Por tratar de ser cauteloso con las expectativas ciudadanas y evitar poner presión a la mesa se decidió ser prudentes. Y por esa prudencia creo que nos faltó hacer más pedagogía sobre la importancia del acuerdo.

Texto publicado en The Objective.

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